El Supremo condena al Estado a
pagar a Ángela González 600.000 euros
por el daño que la justicia le inflingió
por el daño que la justicia le inflingió
Ángela
Gonzalez Carreño denunció a su exmarido en 47 ocasiones por malos tratos y
otras causas antes de que éste asesinase a su hija. El
Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de
600.000 euros a Ángela González por su responsabilidad en la muerte de su hija
Andrea, de 7 años de edad, que fue asesinada por su padre en el año 2003
durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza.
La asociación Women’s Link Worldwide ha emitido un comunicado ante la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el daño que la justicia española le inflingió a Ángela González, afirmando que "se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija".
El Estado español llevaba 4 años excusándose en la inexistencia de mecanismos que permitieran aplicar los dictámenes internacionales para no tener que cumplir con la condena del Comité CEDAW. Ahora, el Supremo echa por tierra esa postura e indica que en ausencia de un cauce específico en el ordenamiento español que obligue a cumplir los dictámenes internacionales, el procedimiento judicial usado por Ángela ha sido el adecuado para exigir su cumplimiento.
"Después de quince años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad. Espero y deseo que esta sentencia del Tribunal Supremo sirva para que la justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador" afirma Ángela González.
Además,
la decisión establece la obligación del Estado de cumplir con el dictamen del
Comité CEDAW que en el año 2014 condenó a España por no haber protegido a
Ángela ni a su hija.
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